El diputado mendocino Julio Cobos lo presentó luego de que el país vecino sancionara su ley. La iniciativa se suma a otras cuatro en la misma dirección.

El 15 de octubre Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legalizar la eutanasia a través de la sanción de una ley. La onda expansiva de esa novedad legislativa cruzó el Río de la Plata y llegó al Congreso Nacional: se presentó un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados para que la práctica médica se legalice en nuestro país.

La iniciativa fue presentada por el diputado mendocino por la UCR Julio Cobos, ex vicepresidente de la Nación, que ocupará su banca hasta el recambio legislativo del próximo 10 de diciembre. El proyecto que ingresó con su firma a través de la Cámara Baja contempla la legalización de la eutanasia y de la muerte asistida.

En concreto, esto es que un médico administre directamente la sustancia que provoque la muerte del solicitante, o que el médico prescriba o proporcione la medicación necesaria para morir y que el solicitante sea quien se la autoadministre.

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El texto de la iniciativa describe los requisitos obligatorios para dar acceso a cualquiera de las dos modalidades. El solicitante tiene que ser mayor de edad, argentino o residente de no menos de doce meses en el país. Debe padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante, además de haber recibido información médica completa sobre sus posibilidades, incluyendo las opciones disponibles de cuidados paliativos.

Además, según el texto del proyecto de ley, la persona que aspire a la eutanasia o a la muerte asistida, también conocida como suicidio asistido, debe presentar dos solicitudes con un intervalo mínimo de quince días, con testigos y la validación de un juzgado o un escribano. Debe manifestar el consentimiento informado, y puede revocar su decisión en cualquier momento de proceso.

La iniciativa contempla la objeción de conciencia para aquellos profesionales que decidan no participar de estas prácticas, a la vez que establece que los centros públicos y privados de salud deben garantizar el acceso al procedimiento en caso de que el solicitante cumpla con los requisitos y mantenga su voluntad. Además, impulsa la modificación del Código Penal de cara a que quienes asistan la práctica no puedan ser denunciados como autores de un delito.

“La sociedad ha madurado y ha reflexionado sobre este tema, y que un país vecino como Uruguay haya dado luz verde a la ley puede resultar un impulso para el tema. Se trata de un procedimiento que puede resultar en una muerte digna para personas que atraviesan una enfermedad terminal o un sufrimiento constante intolerable”, describe el diputado radical.