La Justicia Federal abrió una nueva investigación contra el empresario Lázaro Báez por presunto lavado de activos y asociación ilícita. La fiscalía de Río Gallegos y la PROCELAC sospechan que habría coordinado desde la cárcel de Ezeiza la administración y explotación comercial de propiedades y otros bienes que estaban sujetos a embargos judiciales.

Según la acusación, las operaciones habrían movilizado más de 400 millones de pesos y contado con la participación de su pareja, Claudia Insaurralde, y otras personas de su entorno, quienes se habrían encargado de gestionar propiedades y distribuir el dinero.

Durante una audiencia ante el juez Claudio Vázquez, el fiscal Julio Zárate formalizó la imputación contra Báez, Insaurralde y otras ocho personas. Los investigadores sostienen que el empresario impartía instrucciones desde su celda mediante comunicaciones telefónicas.

Entre los elementos reunidos durante 27 allanamientos aparecen contratos de alquiler de estancias, movimientos de dinero vinculados a la actividad ganadera, presuntas ventas de animales sin documentación y cobros de alquileres de departamentos cuyos derechos habían sido decomisados y transferidos a la Corte Suprema.

La investigación también incluye el presunto uso irregular de camiones y maquinaria pertenecientes a Austral Construcciones. En ese marco, se registraron distintos procedimientos que terminaron con el secuestro de vehículos y equipos.

Por su parte, desde el entorno de Báez rechazaron las irregularidades y sostuvieron que fue la propia Justicia la que le solicitó designar responsables para administrar los bienes que continúan activos. Además, afirmaron que las operaciones comerciales cuestionadas cuentan con la correspondiente facturación.

La causa continúa en etapa de investigación para determinar las responsabilidades de los involucrados.