Mientras el gobierno nacional va confiado para proponer la nueva ley penal juvenil a las sesiones extraordinarias del Congreso, el debate comenzó en el conjunto de la sociedad y la iglesia alzó la voz para rechazar una mirada íntegramente penalista: “Estamos poniendo a los menores de edad en el centro, cuando hay que plantearlo desde el acceso a la educación, salud y trabajo”, dijo el padre Fernando Bustamante, delegado episcopal para la Pastoral Carcelaria de la Arquidiócesis de Rosario.

No es la primera vez que la Iglesia argentina se pronuncia. Ya lo había hecho en agosto de 2024 con un documento de la Pastoral Carcelaria y nuevamente en marzo de 2025 mediante la Pastoral Social. “Pareciera que en nuestro país solo podemos hablar de estos temas cuando hay una explosión a raíz de un hecho contundente y la iglesia ya planteó la necesidad de un debate integral sobre el régimen penal juvenil”, aseguró Bustamante en LT8.

El párroco no se desprendió del debate, planteó que el régimen debe ser reformado, ya que acarrea enunciados de la década de 1980, pero pidió “no poner el acento en la baja de la edad de la imputabilidad”. Para Bustamante es importante adecuar una legislación a la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1990 y otros pactos internacionales que tienen rango constitucional a partir de 1994. “Si ponemos el foco en la baja de la edad de imputabilidad, estamos parcializando la discusión, tenemos que plantearlo desde la posibilidad de la educación, la salud, el trabajo, ámbitos que desde décadas en nuestro país han sido relegados. Se deben abrir los espacios de inclusión para salir de la falacia de encerrar el mal para que el bien pueda vivir más tranquilo”, remarcó.

Las penas estandarizadas según el delito que propone la reforma de la Ley Penal Juvenil plantean otro desafío para Bustamante: “Los menores deberán ser alojados en institutos o ambientes adecuados para su formación e inserción social”.