Una investigación por comercialización organizada de estupefacientes en Casilda derivó en la imputación de nueve personas, a quienes la Fiscalía señala como integrantes de una estructura dedicada al microtráfico de cocaína y marihuana. Según la acusación, la organización funcionó al menos desde enero de 2025 hasta septiembre de este año y contaba con distintos puntos destinados al acopio, fraccionamiento y venta de drogas.

La audiencia imputativa comenzó el sábado 18 de septiembre y concluyó este martes en los Tribunales Provinciales de Casilda. Los fiscales Franco Carbone, jefe de la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y César Cabrera Molino atribuyeron a los nueve acusados distintos grados de participación dentro de la estructura investigada.

El grupo, de acuerdo a la acusación, era coordinado sobre todo por Alberto "Beto" L., con antecedentes por venta de drogas pero en los últimos años dedicado también al rubro gastronómico. De hecho su parrilla "Don Beto" fue allanada hace diez días y allí la policía incautó elementos de fraccionamiento pero sin secuestro de droga.

Microtráfico en Casilda

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Alberto "Beto" F. L. ocupaba el lugar central de la estructura y era quien coordinaba las directivas, los lugares de venta y los recursos económicos. También habría funcionado como nexo entre los distintos integrantes y financiado la asistencia y el sostenimiento de personas detenidas vinculadas con la organización. Su hijo Franco A. L. habría tenido una intervención directa en la recepción, traslado, logística y entrega de droga destinada a la venta.

Daiana L. M. y Magalí E. R. son señaladas por tareas de coordinación y enlace. La primera habría indicado puntos de venta y cobrado dinero a los vendedores al menudeo para luego entregar parte de las ganancias a la conducción de la organización. A la segunda se le atribuye haber intervenido en el abastecimiento y la coordinación entre la droga y los domicilios utilizados para la comercialización.

El resto de los acusados habría cumplido funciones más operativas. Mirta C. N. y Sasha M. L. fueron vinculadas con la guarda, almacenamiento, fraccionamiento y venta directa a consumidores. A Iván M. C. se le atribuye la custodia y comercialización de la droga, mientras que Luciana M. B. habría intervenido en su custodia, fraccionamiento y expendio. Ramón H. R., por su parte, es señalado por preparar y fraccionar estupefacientes en un establecimiento comercial que, según la Fiscalía, era utilizado como fachada.

Algunos presos

La resolución judicial estableció distintas medidas cautelares de acuerdo con la situación de cada uno de los imputados. Alberto F. L. y Franco A. L. quedaron en prisión preventiva efectiva durante seis meses, mientras que Daiana L. M. y Sasha M. L. deberán permanecer detenidas por dos meses. Mirta C. N. continuará privada de su libertad hasta el 4 de noviembre, según lo resuelto en la audiencia.

Para Ramón H. R., Luciana M. B., Iván M. C. y Magalí E. R. se dispusieron medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que recuperaron la libertad. Entre las condiciones fijadas se encuentran la obligación de presentarse periódicamente ante la Oficina de Gestión Judicial, fijar domicilio y mantener la prohibición de establecer contacto por cualquier medio con los demás imputados.

La investigación, que continúa en curso, apunta a determinar el funcionamiento de la estructura y el alcance de las maniobras de comercialización desarrolladas en Casilda. La acusación fiscal sostiene que la actividad se extendió durante aproximadamente un año y ocho meses y que los distintos integrantes cumplían funciones diferenciadas para sostener la venta de cocaína y marihuana bajo la modalidad de microtráfico.

Fuente:LaCapital