
Por un fallo de la Corte, las prepagas ya no podrán aumentar sus cuotas sin la autorización del Gobierno
La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23.
La Superintendencia de Servicios de Salud volverá a revisar, fiscalizar y autorizar las variaciones tarifarias, luego de que el máximo tribunal invalidara un artículo del decreto 70/23 de desregulación.
La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habían eliminado el control estatal sobre las cuotas de la medicina prepaga. La decisión obliga a la Superintendencia de Servicios de Salud a recuperar sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar los aumentos de los planes.
La decisión del máximo tribunal tiene un doble impacto relevante. En primer lugar, una influencia directa sobre cerca de 500 causas análogas que aun tiene pendientes de resolver. Asimismo, podría influir en muchos reclamos iniciados por otros afiliados en diversos tribunales del país, y por aquellos que ya pagaron y reclamarán su restitución.
El fallo confirmó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata en una causa iniciada por una afiliada cuya cuota aumentó 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. De haberse aplicado la resolución previa del Ministerio de Salud de la Nación, el ajuste previsto para enero de 2024 habría sido de 6,26%.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y constituye la primera declaración de inconstitucionalidad del máximo tribunal sobre el decreto 70/2023. La causa llegó a esa instancia por recursos presentados tanto por la empresa de medicina prepaga demandada como por el Estado Nacional.
El regreso del control estatal sobre las cuotas
Los artículos anulados habían derogado una disposición de la ley 26.682 y modificado otra que sometía a supervisión estatal los valores de las cuotas de los servicios de salud. Con la decisión judicial, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a examinar las modificaciones tarifarias y a garantizar que sean razonables.
El organismo también recuperará la potestad de autorizar incrementos cuando estén fundados en variaciones de la estructura de costos y en un cálculo actuarial razonable de los riesgos. Sin embargo, la Corte revocó la parte de la sentencia de La Plata que ordenaba limitar los aumentos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor.