La denuncia de un trabajador derivó en el allanamiento a un predio rural ubicado en la localidad de Arroyo Leyes, ubicada a 23 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, donde se constató que las víctimas estaban en condiciones de hacinamiento. Algunas vivían en el lugar, dormían en casillas de chapa con piso de tierra, sin baños ni agua potable, y trabajaban desde la madrugada con linternas. 

La Unidad Fiscal de Santa Fe formalizó la investigación penal contra el responsable de un establecimiento rural de cultivo de frutillas de la localidad de Arroyo Leyes, a quien se le dictó prisión preventiva por 150 días, por la explotación laboral y reducción a la servidumbre de 45 personas halladas en condiciones de hacinamiento, entre ellas dos menores de edad.

De acuerdo con lo constatado por la fiscalía, se detectaron diversos indicadores de vulnerabilidad social en las víctimas, la mayoría migrantes de la provincia de Chaco, quienes eran sometidos a extensas jornadas laborales que comenzaban de madrugada. Algunos vivían en galpones de chapa con piso de tierra, dormían en camas hechas de cajones, no tenían acceso al agua potable ni a sanitarios, y les daban linternas para trabajar por la noche.

El acusado es F.P., un joven de 25 años, quien dirigía las tareas en un campo de frutillas ubicado a la altura del kilómetro 17,5 de la ruta provincial N°1, en la localidad de Arroyo Leyes, ubicada a 23 kilómetros de la capital santafesina.

F.P. quedó imputado como autor del delito de trata de personas con la finalidad de reducción a servidumbre. En relación a 43 personas es agravado por tratarse de más de tres víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad y la consumación de esa explotación; y respecto de otros dos casos, a los mismos agravantes se le sumó que las víctimas son menores de edad. Todo de acuerdo con lo previsto en los artículos 145 ter del Código Penal, y 2° de la Ley 26.634, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

La imputación fue formulada por el fiscal federal Walter Rodríguez, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, y la fiscal coadyuvante Milagros Traverso, en una audiencia de formalización de la investigación penal realizada 4 de octubre pasado ante el juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz.

“Contexto de clandestinidad”

Al exponer el caso, la fiscal Traverso le atribuyó al imputado “haber captado, trasladado, recibido y acogido a por lo menos 45 personas, entre ellas dos menores, abusado de su situación de vulnerabilidad, con la finalidad de reducción a servidumbre”. El hecho se concretó durante al menos cuatro meses, hasta el 1° de octubre pasado, luego de que un trabajador denunciara la situación y se realizara un allanamiento en el lugar.

El fiscal Rodríguez analizó el contexto social y de vulnerabilidad de las víctimas. “En el allanamiento nos encontramos con 42 personas -otras tres se retiraron ante el procedimiento- y la situación se verificó en estado de flagrancia. El factor gravoso se da por el número significativo de víctimas, lo cual demuestra una afectación concreta del bien jurídico protegido por la norma”, recalcó.

Afirmó que “desde la perspectiva de la dignidad humana, en términos colectivos y de las condiciones relativas a la vivienda y al lugar, la conducta del imputado afectó múltiples derechos, las condiciones de trabajo, la salud e integridad física”. Además, consideró que “las víctimas vivían en un contexto de clandestinidad”.

Según Rodríguez, el caso tuvo “un impacto interprovincial por el alejamiento de las víctimas de su lugar de origen, en situación de vulnerabilidad social, bajo pobreza extrema”.

La resolución del juez

En el marco de la audiencia de formalización de la investigación preparatoria, el juez Rodríguez Da Cruz, a pedido de la defensa, dispuso un cuarto intermedio y dictó provisoriamente la prisión preventiva del imputado por 72 horas.

Al reanudar la audiencia, el 7 de octubre pasado, se debatió nuevamente la procedencia de la medida de coerción solicitada por los representantes del MPF y el juez resolvió extenderla por el plazo de 150 días. Además, otorgó 90 días hábiles a la fiscalía para ampliar y completar la investigación.

A solicitud de los fiscales, autorizó la extracción de datos de siete teléfonos celulares incautados en el marco de la pesquisa, de una computadora y de un DVR (con grabaciones de cámaras de seguridad) y el secuestro preventivo de una camioneta Volkswagen Amarok. Además, y también a requerimiento de los representantes del MPF, dictó la incompetencia parcial de las actuaciones sobre el hallazgo de 12 armas de fuego de distintos calibres, 250 municiones, y 21 gramos de marihuana encontrados en poder del imputado, respecto de las cuales ordenó otorgar intervención al Ministerio Publico de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe.