Con la profundización de la crisis en la atención médica del Pami, la obra social de los jubilados nacionales, el gobierno de Santa Fe alertó sobre el impacto que se generará en el ya sobrecargado sector público santafesino ante el incremento de la demanda en el sistema de salud por la crisis económica.

El tema se trató en una reunión de gabinete que el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó esta semana en Rosario y, este martes, la ministra de Salud de la provincia, Silvia Ciancio.

“Venimos observando esta situación del Pami desde hace tiempo y presentamos números concretos: de un 28% de usuarios sin cobertura que atendemos en nuestra red de salud, el 25,2% corresponde a afiliados de Pami que están accediendo a nuestros servicios. Eso ya implica una inversión muy importante de nuestra parte”, expresó la ministra Ciancio.

Los médicos remarcaron el deterioro en la relación con los afiliados, especialmente con adultos mayores con quienes mantienen vínculos de años

Además, resaltó: “Por supuesto que nos preocupa y nos parece totalmente injusto el recorte en los salarios profesionales, con valores que resultan vergonzosos. Pensar en 2.000 pesos por afiliado no solo es injusto para los médicos, sino también para los propios pacientes. Estamos siguiendo de cerca esta situación”.

“Ante la emergencia y lo cotidiano, tratamos de que el afiliado de Pami pueda acercarse a nuestros centros de salud y encontrar alguna respuesta. Pero está claro que la responsabilidad es del Pami y del gobierno nacional, y lo vamos a reclamar todas las veces que sea necesario”, concluyó la ministra de Salud santafesina.

Qué pasa en el Pami

La crisis en la atención médica del Pami se profundiza tras la implementación de una nueva normativa que redujo drásticamente los honorarios. Profesionales denunciaron que actualmente perciben alrededor de 2.100 pesos por consulta, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio. Además, advirtieron que la medida fue adoptada de manera unilateral desde el nivel central, sin consenso con los médicos, lo que derivó en protestas y suspensión de atención.

Según explicaron referentes del sector, los ingresos mensuales estimados oscilan entre 600 mil y 700 mil pesos, cifras que no alcanzan para sostener los costos básicos de funcionamiento, como el alquiler de consultorios. A esto se suma un cambio en el sistema de pago que elimina el cobro por prestación individual, generando una “licuación” de los honorarios cuando los pacientes requieren múltiples consultas. En comparación, otras obras sociales abonan entre 12 mil y 18 mil pesos por consulta, lo que evidencia una fuerte pérdida de ingresos, cercana al 50%.

Más allá del impacto económico, los médicos remarcaron el deterioro en la relación con los afiliados, especialmente con adultos mayores con quienes mantienen vínculos de años. Si bien manifestaron su intención de continuar trabajando, reclamaron la intervención de autoridades locales para elevar el conflicto y revisar las condiciones actuales. Advirtieron que la situación perjudica tanto a los profesionales como a los pacientes, y pidieron soluciones urgentes para garantizar la atención.

Fuente:DiarioUno